SurDH presenta informe alternativo ante el Comité de Derechos de la Mujer de la ONU

El informe del gobierno bolivariano será revisado por el organismo hoy 21 de octubre

SurDH – Nota de Prensa

Caracas, 21 de octubre 2014

SurDH presenta informe alternativo ante el Comité de Derechos de la Mujer de la ONU
El informe del gobierno bolivariano será revisado por el organismo hoy 21 de octubre
SurDH elaboró y consignó un informe alternativo ante el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), con ocasión de la presentación por parte del gobierno bolivariano del 7mo y 8vo Informes Periódicos sobre el cumplimiento de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. El Comité revisará el informe del Estado hoy 31 de octubre. El informe de SurDH revisa de manera sintética los avances en materia de políticas de reconocimiento y extensión de derechos de las mujeres en el país, que se producen “como parte de un proceso más amplio de enfrentamiento a las causas y raíces de las inequidades presentes en la sociedad venezolana”.

Aspectos positivos

Entre otros aspectos positivos, se señalan: la creciente incorporación de las mujeres a la vida pública; la creación de institucionalidad especializada en la atención y administración de justicia en el área de violencias contra la mujer; la creación de nuevas instituciones orientadas a la disminución de las múltiples formas de discriminación; las misiones sociales para mujeres venezolanas en condición de pobreza y extrema pobreza que han permitido “su inclusión integral en múltiples ámbitos de la vida que se traducen en goce de derechos: educación, salud, trabajo, seguridad social, participación política, inclusión socioproductiva, etc”; y la adopción de leyes que impactan en beneficios concretos (entre las que destacan las relativas al Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, a la Protección a las Familias, la Maternidad y la Paternidad y la Protección a la Lactancia, entre otras).

Desafíos y recomendaciones

El informe destaca que “son aún muchos los aspectos donde el Estado venezolano debe poner énfasis para asegurar el impacto positivo y la sostenibilidad de estas medidas”. Entre otras cosas, se debe reforzar el control y la eficiencia en la ejecución de políticas públicas, dando impulso a nuevas acciones en temas aún no abordados o que no han sido implementados de manera efectiva o satisfactoria.

Las recomendaciones incluidas del informe señalan aspectos que deben ser abordados o que deben ser tratados con mayor efectividad, en distintas áreas de la vida social donde se concretan o se vulneran los derechos humanos de las mujeres. También se aborda la responsabilidad de actores privados en el logro de las metas establecidas en leyes y políticas y el derecho de las mujeres a la interrupción libre y voluntaria del embarazo.

En materia de participación política, se recomienda asegurar por ley la paridad con alternancia, tanto para cargos de elección popular como en roles de dirección; y tomar medidas para garantizar la conformación de los comités de equidad e igualdad de género en consejos comunales y comunas.

En materia de violencia, se recomienda entre otras cosas asegurar una óptima administración de justicia en los casos de violencias contra la mujer, lo que hoy día está lejos de garantizarse; poner en funcionamiento registros adecuados de violencia basada en género; en el ámbito de la salud, reforzar las políticas orientadas a eliminar las prácticas de violencia obstétrica en los servicios públicos y privados de tratamiento de la salud; y desarrollar campañas masivas para enfrentar las múltiples formas de violencias machistas, incluyendo el desarrollo de políticas públicas para la atención de mujeres en situación de prostitución y para la prevención de la prostitución infantil, áreas donde es poco lo que se ha llevado a cabo hasta la fecha.

En el ámbito laboral, se destacan los avances normativos en materia de reconocimiento de derechos vinculados con la maternidad en el trabajo (permisos pre y post, cuidado inicial en los centros de trabajo, permisos para la lactancia materna y garantías de inamovilidad laboral, entre otros). No obstante, es necesario asegurar controles para que estos derechos sean una realidad para el conjunto de las mujeres trabajadoras, tanto en el ámbito público como en el privado.

En el área de la salud, se llama al Estado a asegurar la coordinación y efectividad de las políticas de prevención del embarazo precoz, que sigue siendo un problema de gran relevancia en la sociedad venezolana; e implementar efectivamente las leyes que garantizan el derecho humano de las mujeres a la sexualidad y la salud sexual reproductiva. En el ámbito educativo, se recomienda asegurar la inclusión efectiva de la perspectiva de género en todos los niveles y ámbitos de la educación venezolana. En el ámbito penal, se recomienda revisar el código penal para eliminar normas discriminatorias heredadas.

Responsabilidad de actores privados

Respecto de los actores no estatales, se destaca la necesidad de asegurar la responsabilidad del sector privado de salud en casos de violencia obstétrica, los cuáles “aún no son visibilizadas por el gremio médico y de la salud como delito contemplado en la legislación venezolana”; y la necesidad de asegurar que las iniciativas privadas de educación abordan los retos de sensibilización asociados a la ley, garantizando entre otras cosas “el desarrollo sostenido de una educación sexual directa y transversal a lo largo de todo el proceso educativo”.

El informe denuncia la banalización del cuerpo de la mujer por parte de los medios de comunicación y la necesidad de asegurar mecanismos de control de la hipersexualización que transmiten con fines meramente comerciales. Al respecto, SurDH considera necesario asegurar mecanismos de control y responsabilidad del sector privado en cuanto a violencia mediática y violencia simbólica, para enfrentar “el uso sexista de la mujer” y los “patrones valorativos distorsionados en las mujeres y hombres en cuanto a la belleza, el consumo estético, la sexualidad y relaciones de poder”. También se señala la presión publicitaria de los intereses de la industria de la cirugía estética, y cómo el resultado de su presencia omnisciente en los medios privados “alcanza niveles importantes de afectación en la salud de las mujeres, incluso en la generación de víctimas fatales”.

El derecho a la libre interrupción del embarazo

Finalmente, el informe señala que el reconocimiento del derecho a la libre interrupción del embarazo “constituye una de las deudas más sustantivas del Estado venezolano con las mujeres”. La ausencia de medidas en este aspecto ha generado un mercado clandestino que “da lugar a jugosos negocios con la salud femenina, manteniendo una profunda desigualdad entre mujeres de clases sociales pobres y acomodadas”. SurDH manifiesta preocupación acerca de la relación entre la mortalidad materna y la práctica clandestina del aborto, e insta al Estado venezolano a legislar para reconocer el derecho humano de poder decidir cuándo tener hijos y cuántos, a través de “la despenalización de la interrupción de embarazo no deseado antes de las 12 semanas y la declaración de medicamentos [asociados al ejercicio de este derecho] como indispensable(s) para la vida de las mujeres, tal como lo recomienda la OMS (Organización Mundial de la Salud)”.

Informe completo – Pincha para descargar PDF (10 págs.) También traducido al inglés